La Escuela Nacional del Ministerio Público está dirigida por un Consejo Académico. Las funciones principales de este órgano son formular, orientar y dictar las políticas académicas generales que norman a la Escuela, y determinar la organización, operación y funcionamiento de la misma.

El Consejo académico estará integrado por:

  • El Procurador General de la República, quien lo preside;
  • Un representante de los Procuradores Generales de Corte de Apelación, elegido por sus pares;
  • Un representante de los Procuradores Fiscales, elegido por sus pares;
  • Un representante de la Sociedad Civil organizada;
  • El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD);
  • El Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana;
  • Un jurista de reconocida solvencia moral y profesional;
  • El Rector de la ENMP.

Consejo académico:

   
Lic. Jean Rodríguez Sánchez
Procurador General de la República
Licda. Gladys Esther Sánchez Richiez
Rectora de la ENMP
   
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Lic. Miguel Surúm Hernández
Presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)
Dr. Antonio Medina Calcaño
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
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Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)
Lic. Wagner Cubilete García
Procurador Fiscal de la Procuraduría Especializada de
Persecución Administrativa (PEPCA)
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Lic. Ramón Jacobo Vásquez Almonte
Procurador General de la Corte de Apelación
Titular de la Procuraduría Regional de La Vega
Dr. Juan Manuel Guerrero De Jesús
Jurista

Funciones del Consejo Académico:

  • Aprobar los programas de capacitación de la Escuela y sus respectivas metodologías y sistemas de evaluación, a propuesta del Director General.
  • Asesorar a la Escuela Nacional del Ministerio Público en la formulación y ejecución de sus proyectos de investigación, programas académicos y diseño de sistemas de evaluación.
  • Establecer los criterios para otorgar reconocimientos y títulos honoríficos a aquellas personalidades, nacionales o extranjeras que, dado su probado compromiso en los valores del sistema democrático, su trayectoria profesional y su reconocido prestigio moral, sean merecedores de los mismos.
  • Ejercer las demás atribuciones que le sean asignadas por la ley o los reglamentos.